El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la PGR libran una batalla judicial por el caso de presunto fraude millonario.
El CJF se amparó contra la Procuraduría General de la República (PGR), por haber archivado en la administración pasada una averiguación previa contra una constructora a la que el organismo judicial ya le había ganado una demanda de 96 millones de pesos.
El CJF presentó una demanda de garantías ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Amparo Penal del DF, en contra del no ejercicio de la acción penal decretado por la PGR en la indagatoria donde se investigaba a la empresa Constructora Erpo S.A. de C.V.
En el 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación condenó a esta constructora pagarle la suma millonaria al CJF, porque concluyó que junto con la empresa Tecnyco del Norte cobraron con sobreprecios la construcción del Palacio de Justicia de Mexicali, en el estado de Baja California.
Este caso resuelto por la SCJN derivaba de una demanda civil que interpuso la Judicatura Federal, en la que reclamó la devolución de 55 millones de pesos a Erpo y 16.6 millones de pesos a Tecnyco del Norte.
Un informe que hace cuatro años hizo público la Dirección General de Asuntos Jurídicos del CJF puntualizó que la cantidad que se condenó a pagar a la constructora fue de 96 millones 474 mil 818 pesos, lo que incluiría intereses acumulados y daños y perjuicios.
La acusación precisa que para construir una estructura ornamental de 10 mil toneladas, Erpo cobró al Poder Judicial Federal un promedio de 9 mil 200 pesos por tonelada, pese a que el precio en el mercado andaba por los 3 mil 979 pesos, según el CJF.
Lo anterior llevó a la Judicatura a inhabilitar a funcionarios como Julio Rodríguez Monsalve, su secretario ejecutivo de Administración y Alfredo Juan Carreño León, quien era director general de Inmuebles y Mantenimiento, a inhabilitaciones de 15 a 20 años y multas de hasta 60 millones de pesos.
Este caso fue llevado en el 2008 ante la PGR, donde la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, adscrita a la Subprocuraduría de Delitos Federales, abrió las averiguaciones previas 128 y 129/UEIDCSPCAJ/2008.
Después de tres años de investigación, el 11 de octubre de 2011 el Ministerio Público Federal resolvió archivar el primero de los expedientes, por estimar que la acusación carecía de evidencias de delito.
El CJF ganó en un primer amparo -el número 1209/2011- un fallo que obligó a notificar de nueva cuenta la decisión de la PGR, pero esta vez a la persona jurídicamente responsable del caso en la Judicatura, para que tuviera acceso al expediente.
Una vez lo anterior, el 26 de febrero pasado Miguel Francisco González Canudas, el director general de Asuntos Jurídicos del CJF, presentó el amparo contra el resolutivo con el que la PGR archivó la indagatoria.
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