En 2012, mediante un experimento, se descubrió que quitarle a los notificadores el control sobre su flujo de trabajo reduce las fuentes de corrupción y aporta mayor transparencia en los procesos laborales. ¿Por qué no continuar este tipo de esfuerzos de bajo costo y replicables?
Por Ximena López y Ana Lilia Moreno
Los mercados laborales en México se encuentran paralizados. Ni siquiera con los cambios legales de la reforma laboral de 2012 ha avanzado nuestro país en materia de competitividad. Cuando se aprobó la reforma se pensaba que quizá mediante la introducción en la ley de nuevos modelos de contratación, como el outsourcing, el pago por hora, los periodos de prueba o la regulación de actividades profesionales a distancia (home office) se podría detonar la flexibilidad de los mercados. Pero, al parecer, los cambios no han facilitado el proceso de contratación y despido de empleados por parte del sector privado, elemento clave para aumentar nuestra competitividad.
Actualmente, la mayoría de los índices que miden la competitividad (Foro Económico Mundial o Índice de Libertad Económica) basan sus cálculos para el pilar de mercados laborales, en métricas como los costos promedio de despido, la participación de las mujeres en la fuerza laboral, y la calidad de las regulaciones para determinar salarios mínimos o resolver conflictos. En este sentido, México no es un caso de éxito. De hecho, vivimos en uno de los países donde contratar y despedir es más costoso que el promedio internacional. ¿Qué es lo que se necesita para resolver el mercado laboral de México?
La reforma laboral de 2012 dejó fuera algunos cuellos de botella que afectan la capacidad de la oferta y la demanda laboral para colocar rápidamente a los trabajadores en aquellos empleos donde pueden alcanzar su máximo potencial productivo. Una de esas problemáticas es la situación precaria del sistema de justicia laboral.
En cuanto a su diseño, la reforma dejó intacto el arreglo institucional de los tribunales laborales o Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA). En vez de depender del Poder Judicial, como sucede en muchos países, las Juntas dependen de la Secretaría del Trabajo, es decir, del Poder Ejecutivo. Evidentemente, esto crea un conflicto de interés particularmente en demandas en las que un implicado sea una instancia gubernamental del Ejecutivo (por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde la JCA, también Ejecutivo, es juez y parte en la controversia.
Esta anomalía genera consecuencias serias para el desempeño de las Juntas. Por ejemplo, es sabido que las JCA están sujetas a recortes presupuestales frecuentes, y que carecen de herramientas para desarrollar esquemas de incentivos a la productividad para sus trabajadores. Además, la saturación de trabajo y el rezago de casos son alarmantes. En 2013, por ejemplo, la Junta Federal tuvo alrededor de 397,000 expedientes en trámite, y una plantilla total de personal jurídico de 1,247 trabajadores, es decir, ¡más de 300 trámites pendientes por trabajador jurídico!
Cualquier cambio institucional produce tanto ganadores como perdedores, y cualquier tipo de reforma estructural necesariamente lastima intereses de grupo. Esto explica, en gran medida, la lentitud (o lo incompleto) de algunas de las reformas en nuestro país. Y si bien en el corto plazo se prevé que ni legisladores ni gobierno federal tengan interés en retomar los asuntos inconclusos de la reforma laboral de 2012, un buen comienzo podría ser motivar planteamientos de política pública y medidas para hacer más eficiente y expedita la cadena productiva de la justicia laboral en México.
De acuerdo con investigaciones realizadas por la doctora Joyce Sadka, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, uno de los procesos que más frenan la labor de las Juntas son las notificaciones de los actuarios. Recordemos que si la primera notificación de la demanda no se lleva a cabo, todo el proceso puede retrasarse, o si el actuario da por notificado al demandado (aunque de facto no haya sido), éste podría perder su derecho a presentar pruebas en su defensa. Por ejemplo, 30% de los demandantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, en el Estado de México, admitieron haber incurrido en soborno para conseguir la notificación de su juicio.
En un experimento en 2012, la doctora Sadka descubrió que quitarle a los notificadores el control sobre su flujo de trabajo resultaba muy efectivo para aumentar su esfuerzo y productividad. En 2014, por recomendación de la investigadora, se implementó una Central de Actuarios, que logró sistematizar selecciones aleatorias de las cargas de trabajo, y a la vez medir constantemente la productividad de los notificadores, generando con esto incentivos para su buen funcionamiento. Esta mayor sistematización y transparencia no sólo le quitó el control discrecional a los notificadores, sino también a sus superiores.
Durante su operación, la Central de Actuarios logró aumentar a más del doble las notificaciones realizadas mensualmente, y el porcentaje de audiencias notificadas antes de su fecha en un 36%. Sin embargo, como sucede en muchos casos de cambio institucional, ante el éxito evidente de la Central, los grupos afectados reaccionaron hasta acabar con el instrumento cuya vida fue de tan sólo un año y medio.
El ejemplo del experimento aplicado a la Junta de Cuautitlán-Texcoco evidenció que sí hay soluciones efectivas para mejorar el funcionamiento de la justicia laboral en México. El control del flujo de las notificaciones se ha traducido en un poder político importante sobre demandados y demandantes. El resultado, en principio, no parece ser alentador. Sin embargo, la lección aprendida tiene un valor magnífico: existen políticas comprobadas, de bajo costo y replicables, que pueden mejorar en plazos muy cortos nuestras instancias de justicia laboral.
La implementación y éxito de largo plazo de estas medidas dependerán, entonces, de que exista la voluntad política para llevarlas a cabo a pesar de los intereses afectados, y así, mediante la implementación de soluciones eficientes, reducir fuentes de corrupción y aportar mayor transparencia en los procesos.
Si deseamos elevar el atractivo del mercado mexicano será necesario explorar urgentemente alternativas para resolver los efectos negativos de un sistema que arroja pérdidas para prácticamente todos: trabajadores, empresarios y funcionarios, y, finalmente, para la competitividad de México.
Agradecemos a la doctora Joyce Sadka su
contribución para la redacción de este artículo.
